 |
Editorial del Programa ECOS del día 1 de Abril de 2017
Conflicto de interés en la ciencia
Es ya común descubrir conflictos de interés al tirar de la piola de cada autorización de sustancias o eventos transgénicos.
Hace poco el diario La Jornada de México publicaba una nota de Angélica Enciso que habla in extenso del caso.
Significa que cuando hay que dar bandera verde a algún químico nuevo o a algún invento transgénico, si revisamos el pedigree de los jueces que evaluaron la cosa, siempre aparece por ahí que o son accionistas de esas empresas o han trabajado hasta ayer nomás, en estas corporaciones.
Pero no es cosa de nosotros, los molestos periodistas que vemos vacas verdes por todos lados. La revista científica Plos One publicó hace menos de un mes, una nota realizada por Sheldon Krimsky y Tim Schwab explicando el conflicto de interés de los científicos dedicados al estudio de los organismos genéticamente modificados.
Denuncian que ese conflicto está presente en seis de 20 de los integrantes de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina (Nasem por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, una institución que se mira a la hora de pedir parecer.
Los expertos con conflictos de interés son Richard M. Amasino, de la Universidad de Wisconsin, quien posee patentes.
Robin Buell, de la Universidad de Michigan, tiene patentes y recibe fondos económicos para investigación, al igual que Richard A. Nixon, del Norte de Texas; David M. Stelly, de Texas, y Neal Stewart, de Tennessee.
Carol Mallory Smith, de la Universidad de Oregon, recibe fondos para investigación de parte de las empresas.
Para determinar el conflicto de interés económico de los expertos se tomaron en cuenta criterios como que tuvieran relación con alguno de los temas del informe, poseer una patente o una solicitud sobre un cultivo genéticamente modificado, tener participación en una empresa con un vínculo financiero en el éxito o fracaso de los productos transgénicos, participar en un comité consultivo de tal compañía, si recibieron financiamiento para investigación o empleados de una compañía en la materia, o si hacen consultoría para ella.
El reporte indica en las conclusiones que la academia no cumplió con los requisitos que impone la legislación federal para hacer transparentes los conflictos de interés económico de los miembros de su comité sobre cultivos genéticamente modificados.
Todo esto en el margen público al cual pudieron acceder, porque no pudieron revisar todas las becas de investigación de los miembros del comité, porque gran parte de esa información es confidencial.
La transparencia es uno de los principios y fundamentos de la ciencia ética, ya que ofrece a los lectores una base para extraer conclusiones, al conocer el grado de confianza del artículo.
Los autores revisaron 672 artículos y encontraron que el 40% de estos artículos tenían un conflicto financiero de interés.
Los investigadores comentaron en algunas notas periodísticas que al hacer esta investigación recordaron el caso de Rowett Institut en Inglaterra, con Armand Pusztai y sus ratones experimentales comiendo papa transgénica.
Por si lo olvidaron, Pusztai (experto que llevaba varias décadas trabajando en es ese laboratorio) estaba viendo que a los ratones que comían papas transgénicas les pasaban cosas espantosas, y justo llegó a los directores del Instituto una invitación de la TV inglesa para que manden a alguno de sus científicos para contar las cosas que hacían puertas adentro.
Y no tuvieron mejor idea que mandarlo a él. Y fue. Y contó. Y al regresar a su casa encontró a la esposa llorando porque le habían mandado el telegrama de despido.
Si casi la mitad de los trabajos científicos fueron pagados por las corporaciones o mandaron gente para que ponga los resultados que necesitaban que salgan… qué podemos pensar de toda la investigación?
Estamos en problemas?
