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Editorial del Programa ECOS del día 19 de Febrero de 2009

 

Ley de bosques reglamentada. Parto difícil y algo sucio

 

 

“Hemos reparado una deuda ambiental y más específicamente forestal”
Dice en una circular interna el Secretario de Ambiente de la Nación, al día siguiente de la reglamentación de la ley de bosques.
Menciona lo federal del COFEMA y agradece a los técnicos de la secretaría.
Nada dice de las organizaciones que desde hace años vienen pidiendo la ley primero, y la reglamentación después.
El producto, decreto reglamentario, deja fuera la mayoría de las observaciones solicitadas (pues la sociedad civil fue prolijamente veloz y entregó durante el proceso, tiempo ha, las opiniones, pareceres y sugerencias.
El documento aprobado, tiene gusto a reducir la participación pública y de las minorías y además, entrega una total discrecionalidad el presupuesto, que sabemos, en este gobierno es más o menos la esponja insaciable del viejo cuento de ciencia ficción.
El secretario se encargó de decir una y otra vez, que Greenpeace es una multinacional. Y que las ongs que acompañaron y acompañamos el pedido desesperado de que se reglamente de una buena vez la ley estamos en connivencia con la Coalición Cívica. Si, no lo soñamos, lo dijo en la tele.
O sea, los 50 grupos verdes que firmaron la nota y los mas de cien que adherimos, enviando nuestros números de personería jurídica y demases leguleyos datos, para nuestro secretario somos a La Oposición.
Pedimos a gritos que se reglamente la ley de bosques y somos la oposición por ello. Somos de la coalición cívica. Homologa así, las ongs como BIOS, que es apartidaria demanera declarada y consistente desde hace veinte años, a un partido político. Es por lo menos raro.
Raro es también que se mostró espantado en la tele porque en los considerandos del decreto anterior se mencionaba la participación de “prestigiosas ong’s” en su elaboración, como si esto fuera una aberración jurídica. Este señor no recuerda que los considerandos no son parte resolutiva y que existen decenas de antecedentes legislativos al respecto.
Un compañero recordaba el otro día que hace unos años con el tema de la basura nuclear y el acuerdo con Australia que violaba la Constitución Nacional, hicieron lo mismo hasta convertir a la campaña como algo antitecnócrata de la oposición.
Y decían Greenpeace todo el tiempo, cuando en ese colectivo de organizaciones éramos 200.
200 y en internet están nuestros datos para que vea que no éramos sellitos de goma. 200 organizaciones de todo el país que no queríamos recibir basura nuclear.
Entonces, se dio un diálogo de sordos. Ahora, estos sordos ahora están ciegos por añadidura.
Bibiloni sale a decir en los medios que esas ongs no habían firmado la carta. Que en realidad, Greenpeace había recortado y pegado los loguiitos para parecer que eran muchos más que dos.
Entonces, cada ONGs enojadisimos, mandamos faxes o mailes ratificando nuestra adhesión al contenido de esa nota que, de carácter colectivo, había sido emitida desde el fax de Greenpeace.
Parece que el correo anduvo mal, o el aparato de fax de Bibiloni se atascó, pero él no se enteró de la lluvia de faxes que cayó en su oficina. A lo mejor, alguien fue antes y barrió. Es una probabilidad…
Porque tanto como con las observaciones que se hicieron desde la sociedad civil sobre lo que debía tener la ley de bosques (que insisto, es obligación la consulta a estas alturas de la democracia) los pareceres de las organizaciones, fueron al tacho.
La reglamentación, insistimos, está bueno que haya salido. Pero el parto fue un poco sucio.
Sólo se relevó de las ongs, eliminar un párrafo que permitía reemplazar sanciones por recomposición (o sea que se pague en vez de remediar…) y que en la Categoría I ya no se habla de actividades extractivas precisando que lo que se haga no debe alterar intrínsecamente el bosque. Eso está bueno, porque puedo sacar el bosque diciendo que mi actividad no es extractiva, yo no saco madera, haré otra cosa… y hago bolsa el bosque, se comprende?
Pero, cuando llegamos a la billetera…no se fija ningún mecanismo de distribución del fondo y se permite hasta un 10% de gastos administrativos cuando las provincias querían limitarlo al 5%. Se da lugar al tema indígena muy solapadamente, observan otros compañeros, y han sido eliminadas de un plumazo las organizaciones o cualquier otro método de participación cívica.
Eso es lo que hay.