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Editorial del Programa ECOS del día 16 de Marzo de 2019
¿Quiénes aconsejan a los legisladores?
Es claro que un legislador no puede ni tiene que saberlo todo. De ahí que para cada tema, deba consultar a expertos.
Para eso se tiene dinero en las legislaturas: que cuando haya que analizar un proyecto de ley –en nuestro caso, pensemos en los temas ambientales, que tan sensibles son al planeta y a la salud humana, haya que convocar a los que saben.
En España, el Congreso acaba de aprobar la creación de una Oficina de Asesoramiento Científico y Tecnológico, iniciativa que llevaron al Congreso varios investigadores, bajo la plataforma 'Ciencia en el Parlamento'.
Va a ser un foro común donde científicos y políticos debatan sobre cómo el método científico puede ayudar a la elaboración de leyes más justas y también herramientas para su evaluación. Se trata de que los legisladores tengan la oportunidad de tratar científicamente sus proyectos.
Imaginen temas como los pesticidas, o la contaminación por el fracking, o la autorización de cierta sustancia. O los residuos nucleares, debatidos no entre políticos solamente, sino con gente que sepa de qué se está hablando.
Salud, Ingeniería, Energía, Cambio Climático y Ciencias Sociales, fueron algunos de los foros que se abrieron experimentalmente en España, para ver cómo funcionaba la cosa. Y por ambas partes calificaron la experiencia como todo un éxito.
Yo me puse a mirar a nuestros legisladores. Los legisladores cuentan con empleados contratados o en planta permanente. Sin embargo, muchos acumulan varias personas extra. Voluntarios? No exactamente. Científicos? No exactamente…
Hubo en estos últimos tiempos, varias investigaciones periodísticas que revelaron que los familiares asesores de diputados y senadores cobran hasta 72 mil pesos, que está bien si acaso hacen su tarea porque son, si no científicos, al menos idóneos en ciertos temas sensibles.
De 72 senadores argentinos, casi la mitad tiene a sus familiares en el Congreso de la Nación. Algo parecido ocurre con los 256 diputados. Esas personas son asesoras y lo único que hay que tener es más de 18 años. No se necesita ni siquiera tener el secundario completo. O sea, lo más lejos a un experto que se pueda pedir.
Entre la lista de empleados contratados a pedidos de los legisladores, hay hijos, hermanos, sobrinos, cónyuges y hasta nueras o yernos.
Por ejemplo, (y cito al azar solo un par, sin seleccionar ni por partido ni por ser conocido) Leopoldo Moreau, diputado, tiene a su hija política, a su hijo, a su hija. Reutemann, senador, tiene a su esposa y a su yerno.
Los legisladores de la provincia de Buenos Aires tienen hasta medio millón de pesos al mes para asesores, son 43 millones de pesos al mes en toda la Cámara.
Los Senadores tienen 1 millón de pesos por año para subvenciones que no tienen que justificarle a nadie por qué y a quién se las dan.
En Catamarca una investigación daba entre 48 y 60 empleados por cada legislador (1765 empleados para 62 legisladores en esa provincia).
El récord lo tiene un Senador sanjuanino llamado Basualdo, que tiene 60 colaboradores directos.
Cuánto gasta la Cámara de Diputados de Argentina, con sus 257 legisladores: un costo promedio por legislador de 67.400 euros por mes, 3 millones doscientos mil pesos en sueldo propio, el de los colaboradores, teléfono, secretarias y movilidad.
España tiene 350 diputados y un presupuesto de 21.700 euros por mes por legisladores. Reitero: el presupuesto de un diputado argentino es el triple que el de un diputado en España.
En el caso del Senado, Argentina tiene 72 senadores con un gasto promedio de 236.000 euros por mes. En España el costo promedio mensual de cada senador español es de 17.540 euros. El costo de cada senador argentino es 13,5 veces mayor que el costo promedio de un senador español.
Después de este paseíto por las fortunas que reparten entre parientes y amigos, ¿cómo no celebrar que haya fondos para científicos asesores de veras en otras latitudes?
Cómo imaginar que se amasen temas sensibles para el ambiente y la salud, entre personas que por más que pongan su mejor buena voluntad, quizás no tengan mucha idea de lo que están hablando? Salvo las honrosas excepciones en las cuales los legisladores deciden armarse un equipo transdisciplinar para evaluar cada tema, desde una mirada técnica adecuada.
Lo peor es que muchas veces escuchamos que “pierden estado parlamentario” proyectos súper valiosos, que pasaron sin ser atendidos, y que podrían haber dejado una marca positiva para el bienestar.
Quise abrir con este desazonado editorial, que si bien no es puntualmente de ambiente, muestra un costado muy feo de este proceso de darnos leyes adecuadas realizadas con la mirada atenta de quienes saben de lo que están hablando. Y pienso en la pérdida de estado parlamentario de proyectos como el de Humedales, o la promoción de los vehículos eléctricos...
Lo más triste es que a todos los “mayores de 18 años” que tienen el título de hijos, conyuges o amigos, les estamos pagando todos con nuestros impuestos, en la ilusa esperanza de que se legisle para mejorar nuestras vidas.
