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Editorial del Programa ECOS del día 11 de Diciembre de 2021
¡Con nuestro pan no!
Implicancias socio-ambientales vinculadas a la aprobación del primer trigo transgénico del mundo
La empresa Bioceres, junto a investigadoras e investigadores de CONICET y el apoyo de Universidades Nacionales ha desarrollado el trigo transgénico HB4 que, según la empresa (1), crecería tolerando condiciones de mayor sequía que los trigos convencionales que se siembran en Argentina, siendo además resistente al herbicida glufosinato de amonio. El año pasado la empresa obtuvo una aprobación condicional en nuestro país, sujeta a la espera de una autorización por parte de Brasil, el principal país comprador al que se exporta este cereal. La semana pasada la CTNBio de Brasil dio un dictamen favorable, recomendando la aprobación de la harina de trigo transgénico HB4 para ser usada en alimentos, raciones y otros productos derivados o procesados.
Distintos actores sociales de Argentina y Brasil han manifestado sus reparos para una eventual siembra, cosecha y comercialización del trigo transgénico y todos sus derivados alimenticios. Los argumentos sobre los riesgos de seguir insistiendo con soluciones biotecnológicas vinculadas al agronegocio se basan en el conocimiento múltiples disciplinas científicas y la vasta experiencia de las comunidades afectadas, los cuales instan a una amplia reflexión conjunta sobre cómo preservar la salud colectiva, los ecosistemas y la producción de alimentos sanos.
Tanto desde el sector privado como desde los distintos ministerios del gobierno argentino, se destaca al trigo transgénico como un logro de la ciencia argentina y un avance para el país. Este argumento es sesgado, ya que invisibiliza la opinión de amplios sectores de las comunidades de ciencia y tecnología argentina y brasileña, las que señalan que este trigo no es más que una profundización del modelo de agronegocios ya instalado, manifiestan su preocupación sobre los riesgos que involucra y advierten sobre sus daños en base a las evidencias disponibles. En Argentina reclamamos al gobierno nacional promover nuevos caminos que surjan de un amplio debate democrático y participativo, a fin de saldar la deuda ética y ambiental pendiente en nuestra sociedad vinculada a los problemas socio-ambientales derivados del modelo de agricultura industrial. Después de veinticinco años de la instalación y expansión del paquete tecnológico asociado a los cultivos transgénicos en Argentina, las consecuencias negativas sobre la salud de las comunidades, la soberanía alimentaria, el deterioro creciente de los sistemas naturales y la pérdida de bienes comunes son contundentes. Lejos de un presunto desarrollo, la profundización del modelo de agricultura industrial implicó la reprimarización de la economía y una mayor dependencia, en detrimento de la autonomía y la soberanía nacional.
La discusión profunda sobre los costos socioambientales del actual modelo de agronegocios es necesaria para encontrar soluciones que no impliquen el sacrificio de los territorios y de una amplia mayoría de la población. El principal justificativo de quienes promueven este modelo se relaciona con la cantidad de granos-dólares que se generan. Pero los beneficios quedan en una porción muy pequeña de habitantes del país (principalmente en empresas multinacionales), mientras la pobreza y la indigencia han crecido como nunca, a la par de la expansión de este modelo, con el desplazamiento de miles de familias del ámbito rural hacia la periferia de las ciudades.
Pero los costos van mucho más allá. El agronegocio ha sido corresponsable con los sucesivos gobiernos de alcanzar la mayor tasa de deforestación a nivel mundial para liberar nuevos territorios para los cultivos transgénicos. Esa deforestación implica pérdida de biodiversidad y con ella se afectan muchas funciones de los ecosistemas que garantizan la vida en los territorios y brindan bienestar a la sociedad (menor fijación de carbono, cambios en los patrones de evapotranspiración, disminución de la polinización, mayores dificultades para mitigar inundaciones, aumento de sequías y de incendios de cubiertas naturales, entre otros). Lejos de resolver el hambre, las sequías y de mitigar el cambio climático, este modelo profundiza estos problemas.
La expansión del agronegocio afecta la salud de todos los habitantes del país. Entre 1990 y 2018 aumentó en más de un 600% la cantidad de agrotóxicos aplicados en el territorio, llegando a más de 500 mil toneladas esparcidas anualmente (2). La aplicación creciente de agrotóxicos se relaciona con malformaciones en muchos grupos de organismos biológicos, pérdida de biodiversidad, contaminación de suelo y agua, enfermedades y daños para la población y los territorios que son invisibilizados. A lo largo de estos años el uso intensivo de agrotóxicos ha incrementado la resistencia de numerosas especies que se consideran plagas de cultivos. La solución que propone el sector es usar nuevos químicos cada vez más potentes y tóxicos para combatir las “plagas” que la misma agricultura industrial ha creado. Este es el caso del glufosinato de amonio, 15 veces más tóxico que su predecesor, el glifosato. Además, la compactación y salinización de suelos provocada por el tipo de labranza se ha transformado en un problema productivo e hidrológico en muchas regiones, generando problemas en la capacidad de infiltración de los suelos, la pérdida de minerales y de la materia orgánica y de diversos grupos de organismos que remodelan la estructura del suelo y mantienen su fertilidad.
La discusión no parece estar centrada en la soberanía alimentaria, sino más bien en la generación de commodities por parte de las empresas hoy involucradas en la producción agrícola. En cambio, si realmente estamos hablando de producir alimentos sanos, libres de agrotóxicos, que cuiden la fertilidad del suelo y conserven la biodiversidad, existen opciones rentables y amigables con la salud y el ambiente, como la agroecología y la agricultura familiar. Promover estos modelos productivos implica mantener los paisajes biodiversos, combinar paisajes naturales y seminaturales con la diversificación de cultivos y de otras actividades agropecuarias. Desde la perspectiva social estos modelos contribuyen a impulsar el arraigo local, afianzar los lazos entre consumidores y productores acortando los circuitos de comercialización y promover actividades cooperativas que fortalezcan las comunidades. Estos son algunos de los aspectos que es necesario debatir para garantizar la sostenibilidad de los sistemas socio-ambientales para el buen vivir de las comunidades y de las generaciones futuras.
Por todo lo anterior, exigimos que se pongan en marcha los mecanismos participativos y de información pública previstos en la Ley General del Ambiente (Ley 25675) y en el Acuerdo de Escazú (Ley 27566) y que se lleven a cabo las audiencias públicas necesarias para garantizar este proceso. Estamos frente a una crisis sanitaria y ambiental de grandes proporciones, por lo que estas decisiones no pueden quedar en manos de unas pocas personas.
Si finalmente se libera el trigo transgénico HB4 para producir harina y los múltiples alimentos derivados que consume diariamente la población de la región, los daños que esto conlleva serán deuda de vida para con las generaciones futuras.
¡Con nuestro pan NO!
Colectivo Trigo Limpio, 23/11/2021
1. https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/la-red-rural/219893-claudio-dunan-director-de-estrategias-de-bioceres
2. https://www.biodiversidadla.org/Documentos/En-la-Argentina-se-utilizan-mas-de-500-millones-de-litros-kilos-de-agrotoxicos-por-ano
